(01 DE JUNIO 2022) Por Violeta Vázquez-Rojas Maldonado.
Mil kilómetros de dignidad
La imagen que dio vuelta por las redes y los medios era la de Óscar Hernández Hernández, Presidente del Comisariado de Bienes Comunales de la Comunidad Wixárika, golpeando la inmutable puerta de Palacio Nacional, que no se le abrió. No sin razón, cundió la indignación: Óscar Hernández y varias decenas de hombres y mujeres habían caminado durante treinta y dos días desde Jalisco a la Ciudad de México, en la Caravana por la Dignidad y la Conciencia del Pueblo Wixárika, con el propósito firme de hablar con el presidente. Dejaron sus tierras, parte de su familia, y emprendieron el recorrido de más de 900 kilómetros para reclamar justicia. En su camino fueron recogiendo la solidaridad de las comunidades por las que pasaron, o que fueron a su encuentro. Así llevan con ellos los ánimos que les dan el pueblo mazahua, la comunidad otomí residente en la CDMX, los comuneros de Milpa Alta y pobladores de Xochimilco, entre muchos otros.
El abogado Carlos González explica para los medios el origen del conflicto.[1] En 1953, el presidente de la república (en ese tiempo, Adolfo Ruiz Cortines), confirmó y tituló 240,447 hectáreas a la comunidad wixárika de San Sebastián Teponahuaxtlán y Tuxtla de Bolaños. Pero desde entonces han sufrido despojos por parte de ganaderos y otros que se ostentan como propietarios de las tierras que legítimamente les corresponden. Actualmente, reclaman la restitución de más de 10,500 hectáreas en el municipio de La Yesca, en Nayarit.
Se han interpuesto, dice González, 54 juicios agrarios, y han obtenido sentencias favorables en 35. Pero estas resoluciones no se llevan a la práctica. Cada vez que se intenta ejecutar una sentencia del Tribunal Agrario, incluso con el apoyo de la policía del Estado de Jalisco o del Ejército Mexicano, dice el abogado, los ganaderos se presentan armados y de manera violenta se niegan a devolver las tierras. La justicia se gana en los tribunales pero en la realidad, los despojadores se imponen por la fuerza. Por eso una de sus propuestas de solución al conflicto es que el Estado mexicano indemnice a los nayaritas que se ostentan como propietarios, de modo que el pueblo wixárika pueda volver a ocupar las tierras que les corresponden. Hasta la fecha, de la superficie reclamada, sólo han podido recuperar 290 hectáreas, menos del 2%.
Al pueblo wixárika los hispanohablantes solían llamarlo huichol (José Luis Iturrioz explica que, aunque no haya similitud aparente entre las palabras, huichol, de hecho, viene de wixárika que, por cierto, se pronuncia /wirrárika/ y en algunas variantes con la primera “r” asibilada). El idioma de los wixárika es pariente muy cercano del cora y ambos son de la familia a la que pertenece el náhuatl (yuto-nahua). Actualmente su presencia se extiende por la sierra occidental en Jalisco, Zacatecas, Durango y Nayarit, pero las comunidades más grandes son, precisamente, las de San Sebastián Teponahuaxtlán y Tuxpan de Bolaños, en Jalisco, colindantes con Nayarit.
El lunes 30 de mayo por la mañana, el presidente López Obrador recibió a los comuneros. Para entonces ya habían entrado en contacto con el Procurador Agrario Luis Hernández, y con Josefina Bravo, Comisionada de la Secretaría de Gobernación para el Diálogo con los Pueblos Indígenas, a quienes el gobierno de México designó para recoger las demandas de la caravana.
El mismo lunes, las autoridades wixárika y su abogado ofrecieron una conferencia de prensa afuera de Palacio Nacional, en la que Oscar Hernández describió la reunión con el presidente como “productiva y satistactoria” para su comunidad, pues se aceptó que las cosas se van a hacer tal cual como ellos lo propusieron. El presidente López Obrador, dice Hernández, se comprometió a agilizar los tiempos y a visitar la comunidad en Huajimic cuando se restituyan las tierras.
Estas declaraciones y las imágenes de las autoridades wixárika celebrando el encuentro no se difundieron tanto como aquella otra de la puerta cerrada como símbolo de cerrazón gubernamental. Pero si ese era el mensaje, resultó ser demasiado forzado. No sólo las puertas se abrieron para la Caravana Wixárika, hay que recordar que esta no es una audiencia aislada con los pueblos indígenas. Por poner un ejemplo reciente, hace un par de semanas el presidente visitó Loma de Guamúchil, Sonora, para evaluar los avances del Plan de Justicia para los pueblos yaquis, un proyecto ambicioso de obras de infraestructura y programas sociales dirigidos a los ocho pueblos de esta etnia. Ahí también se comprometió a recuperar 35 mil hectáreas y a construir un acueducto.
La lógica de no difundir estos encuentros y acuerdos con las comunidades indígenas es la de alentar un clima de indignación, en el que se sepa poco o nada sobre lo que el gobierno hace para resarcir la injusticia histórica a la que han sido sometidos estos pueblos. Quienes calculan ese vacío informativo (porque lo que los medios difunden, tanto como lo que omiten, siempre es calculado), suponen que esa falta de información contribuye a instigar la imagen de un gobierno autoritario e indolente. Sin embargo, el quitar la atención a estos acuerdos termina siendo más dañino para las comunidades que para el gobierno. Donde hay una promesa gubernamental debería haber miles de ojos y oídos alertas. Mantener estos acuerdos lejos de la opinión pública le arrebata a la ciudadanía la exigencia de que se cumplan.
[1] Las declaraciones de Oscar González pueden consultarse en: https://radiozapatista.org/?p=42514 y una entrevista en https://labcsa.org/2022/05/27/descripcion-de-carlos-gonzalez-abogado-de-la-comunidad-de-san-sebastian-e-integrante-de-cni_mexico-sobre-marcha-wixarika-en-cdmx%EF%BF%BC%EF%BF%BC/
